René Arturo Muñoz Solís/ Gobernador Provincia de Iquique//

El domingo 11 de abril, en nuestra ciudad, nuestro Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Migración y Extranjería, que viene a sustituir la actual legislación que data de 1975 y que pondrá orden en la casa y asegurará una migración ordenada, segura y regular.

Su principal innovación es la creación del Servicio Nacional de Migraciones, que será el principal responsable de la migración en Chile.  Entre sus funciones destaca que será el encargado de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería; sistematizar la información relevante sobre migraciones; autorizar o denegar el ingreso, estadía y egreso de los extranjeros; resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de permanencia y residencia y determinar su vigencia, así como resolver el cambio de categorías y subcategorías migratorias; y aplicar sanciones administrativas.

Además, se crea otra nueva institución: el Consejo de Política Migratoria, una instancia multisectorial responsable de asesorar al Presidente de la República en la elaboración de la Política Nacional de Migración y Extranjería y en la actualización de su contenido y definiciones, de acuerdo con las necesidades y requerimientos de nuestro país.

Una de las principales fortalezas de la nueva ley es que establece un equilibrio entre el legítimo derecho que tiene Chile de definir normas claras de ingreso, permanencia y de expulsión del territorio nacional, y el reconocimiento de derechos y deberes para los extranjeros que decidan residir de forma temporal o permanente en el país.

La nueva normativa contempla:

• La exigencia de solicitud de visas desde los consulados para sincerar las razones de llegada de extranjeros con un flexible catálogo de visas que permitan el adecuado control y regularidad de la migración.
• La regulación sistematizada y más expedita de trámites y procesos relacionados al fenómeno migratorio. En esto se incluye el proceso de tramitación de permiso de residencia, condiciones para el ejercicio de actividades remuneradas, requisitos de ingreso con prohibiciones respectivas, otorgamiento de nacionalidad, y proceso de expulsión con mayor facilitación administrativa desincentivando uso de pasos no habilitados.
• Coherencia en materia de DDHH, a través de la incorporación de normas redactadas acorde a convenciones internacionales en materia de DDHH.
• Consideración de un proceso de regularización para migrantes irregulares que hubieran ingresado legalmente antes del 18 de marzo de 2020 podrán regularizar su situación. No así para los que ingresaron por pasos no habilitados, es decir, de forma clandestina.
• Esta nueva ley, forma parte de una política de migración que desde abril 2018 el Gobierno impulsa, dando cumplimiento a un compromiso adquirido en el programa de Gobierno para poner fin a la explosión migratoria irregular e irresponsable que se produjo, principalmente en 2017, y dotar al país de una ley acorde a los desafíos que exige el presente y futuro migratorio regional.