René Arturo Muñoz Solís. Gobernador Provincia de Iquique///

El domingo 6 de junio se realizó la expulsión de 56 migrantes venezolanos de un total de 6 mil personas con expulsiones decretadas. Treinta y seis de esas personas salieron del país por expulsiones administrativas y 20 por expulsión judicial, tras ser condenados por los tribunales por delitos como tráfico de menores, de droga y robo con violencia, es decir, no hablamos de presunciones, ya que una veintena de esas personas están condenadas y van a conmutar sus penas con la expulsión.

Las expulsiones judiciales se llevan a cabo cuando el extranjero tiene una pena privativa de libertad de menos de 5 años y la conmuta con la resolución de expulsión. Las expulsiones administrativas responden a una grave infracción a la Ley Migratoria, por haber ingresado clandestinamente a nuestro país por los distintos pasos no habilitado.

El proceso se lleva a cabo siguiendo cada detalle de la legislación vigente, de los acuerdos internacionales, y en concordancia con las autoridades de Venezuela, siguiendo los protocolos y recomendaciones de la ONU. Chile no hace expulsiones colectivas, sino que cada uno de los expulsados tiene una resolución de expulsión que los afecta individualmente.
El ingreso clandestino involucra serios riesgos para las personas. En primer lugar, de vida e integridad física. La opinión pública ha conocido casos dramáticos de personas que han perdido su vida intentando ingresar a nuestro país. Por otra parte, son víctimas de redes de tráfico de migrantes en el camino.

Al ingresar de una manera prohibida, obligan al Estado de Chile a iniciar procesos de expulsión administrativa. Además, quedan en las peores condiciones de precariedad, porque sin documento de identidad se les cierran muchas puertas desde el punto de vista laboral, vivienda y de salud, y las mafias se aprovechan.

Recordemos que el domingo 11 de abril, en Iquique, el Presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Migración y Extranjería, que viene a sustituir la actual legislación que data de 1975 y que pondrá orden en la casa y asegurará una migración ordenada, segura y regular. Su principal innovación es la creación del Servicio Nacional de Migraciones, que será el principal responsable de la migración en Chile.  Entre sus funciones destaca que será el encargado de llevar a cabo la Política Nacional de Migración y Extranjería; sistematizar la información relevante sobre migraciones; autorizar o denegar el ingreso, estadía y egreso de los extranjeros; resolver el otorgamiento, prórroga, rechazo y revocación de los permisos de permanencia y residencia además de determinar su vigencia, así como resolver el cambio de categorías y subcategorías migratorias; y aplicar sanciones administrativas.

Es en este marco legal, que como Gobierno debemos y vamos a seguir expulsando cuando sea necesario, con pleno respeto a los Derechos Humanos, en plena coordinación con la legislación vigente y enfocándonos en mejorar la calidad de vida de la ciudadanía tanto a los nacionales y extranjeros.